• Defiende la puesta en marcha de un plan de pagos a acreedores, a los que pide "que aguanten hasta el 25 de marzo"
• Mantiene, junto a Corredera, una primera reunión con colectivos de discapacitados, "que tendrá continuidad en futuros encuentros con más asociaciones"
La portavoz del PP en el Parlamento andaluz y candidata número 1 por la provincia de Málaga a las elecciones autonómicas, Esperanza Oña, ha advertido hoy de que los impagos de la Junta de Andalucía a los centros especiales de empleo, que alcanzan los 15 millones de euros, "pueden dejar sin trabajo a más de 2.000 discapacitados en toda la región".
"En este instante existen en Andalucía hasta 400 centros especiales de empleo que van a tener que cerrar porque la Junta no cumple con los pagos, además de que muchos de los discapacitados empleados llevan meses sin cobrar", ha lamentado la dirigente popular tras una reunión mantenida con representantes de una serie de colectivos de discapacitados intelectuales junto a la portavoz de Sanidad del PP-A en la Cámara andaluza, Ana Corredera.
Estos impagos se vienen produciendo desde 2008, según ha detallado Oña, que se ha preguntado "dónde está la sensibilidad del PSOE al respecto, que se llena la boca hablando de políticas sociales que luego no lleva a cabo".
Por este motivo, la candidata popular ha defendido la propuesta de llevar a cabo un plan de pagos a acreedores de la Junta de Andalucía -tal y como ha planteado el presidente del PP-A, Javier Arenas-, y ha solicitado a estos acreedores, entre los que se encuentran los centros especiales de empleo, "que aguanten hasta el 25 de marzo, hasta el momento en el que esté el PP al frente del Gobierno andaluz".
"No vamos a sacar dinero de donde no hay, pero sí que vamos a hacer una distribución más lógica", ha argumentado Oña, que ha recordado que si se hubiese evitado "el fraude" del fondo de reptiles y de los falsos ERE, "se habría producido un ahorro de más de 1.000 millones de euros".
Tras la reunión mantenida con representantes de colectivos de discapacitados, Oña ha hecho un repaso de lo que considera las principales carencias en esta materia propiciadas "por 30 años de gobierno socialista".
De esta forma, ha alertado de que hasta un 40 por ciento de alumnos con discapacidad en Andalucía, y un 20 por ciento en Málaga, se quedan sin una plaza ante la falta de centros públicos adaptados. "De los 59 centros de educación especial que hay en la región, el 72 por ciento son privados", ha recodado al respecto. Por ello, ha señalado que el PP trabajará para que todos aquellos que necesiten una atención especial tengan plaza.
Asimismo, ha criticado que pese a haber más de 716.000 andaluces con alguna discapacidad, sólo hay algo más de 17.000 plazas en centros especiales. En este sentido, ha propuesto elaborar un mapa poblacional en el que se detallen quienes, de toda la población andaluza con alguna discapacidad, puede necesitar una plaza en algunos de estos centros, "y actuar para que nadie quede desatendido".
En política de vivienda, la parlamentaria andaluza ha detallado que más del 50 por ciento de los edificios de más de tres plantas en Andalucía no tienen ascensores, y que hay un 13 por ciento de personas con movilidad reducida que viven en este tipo de edificios. "Si a esta circunstancia añadimos que hay un 22 por ciento de los municipios andaluces que no contemplan ningún plan de accesibilidad, está claro que hace falta llevar a cabo un impulso en este sentido", ha subrayado.
Por último, debido a que no se cumplen las reservas para discapacitados en la oferta pública del cuatro por ciento, y en las empresas privadas del dos por ciento, Oña ha propuesto llevar a cabo "los controles y las inspecciones necesarias para revertir la situación".
Por su parte, Corredera ha explicado que la reunión mantenida hoy es "una de las primeras de otras muchas que vamos a mantener con colectivos de discapacitados, porque queremos hacernos eco de sus reivindicaciones y necesidades e integrarlas en nuestro programa electoral".
La portavoz de Sanidad en la Cámara andaluza ha indicado que a los representantes de estos colectivos "les preocupa la excesiva lentitud que se produce en todos los trámites relacionados con la administración pública, sobre todo aquellos relacionados con las ayudas al empleo y el acceso al mercado laboral". "Escuchamos sus propuestas y trabajamos para buscar una solución", ha concluido.
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